Un grupo de 37 profesionales presentó un amparo y solicitó una medida cautelar para frenar la designación directa de delegados en el CPIT. Denuncian que se vulneró el derecho a votar y la paridad de género.
ESQUEL.— Un grupo compuesto por 37 profesionales matriculados elevó una acción de amparo —acompañada por el pedido de una medida cautelar— con el objetivo de anular el reciente proceso de elección de autoridades regionales y exigir que la designación de los delegados se realice mediante el voto directo y secreto de los colegiados.
En diálogo con la prensa, el ingeniero Daniel Peláez y la abogada patrocinante, Dra. Belén López, detallaron los argumentos técnicos, históricos y jurídicos que impulsaron el reclamo institucional.
La función pública y el valor de la representatividad
Durante el encuentro, el ingeniero Daniel Peláez comenzó enviando un saludo a sus colegas: “En principio felicito a los técnicos industriales porque hoy es su día”. Al abordar el rol institucional del organismo, recordó que la entidad —nacida en 1964— es una persona jurídica no estatal de derecho público que ejerce facultades delegadas por ley para fiscalizar el ejercicio profesional en todo el territorio provincial.
“Cualquier obra o proyecto que se materialice tiene que contar con el concurso de un profesional matriculado y habilitado para garantizarle a la ciudadanía el interés y la seguridad pública. El colegio verifica y controla a los profesionales”, sostuvo Peláez.
Sin embargo, el profesional manifestó su profunda preocupación por el giro institucional en el método de recambio de autoridades: “Hace 41 años que estoy matriculado en este colegio profesional, y es la primera vez que como matriculado no tengo la opción de elegir al delegado regional que nos represente”.
Peláez rememoró además los antecedentes de participación en la institución: “Cuando estuve en el Directorio en la década del 90, mediante resolución interna elegimos desde el Directorio la posibilidad de que los delegados sean propuestos a través de una terna de los matriculados, pero mediando una elección secreta para que no quede al arbitrio de la decisión de un Directorio central. Es lo que se hizo desde esa época hasta que llegó esta elección. Solo en esta ocasión no se materializó”.
Argumentos del amparo: “Una resolución no acorde a derecho”
Por su parte, la Dra. Belén López precisó los alcances del amparo presentado conjuntamente por los 37 matriculados. “Se solicita la presentación de ternas y que haya elecciones. En Esquel se presentaron dos ternas y en Comodoro Rivadavia también. La lista elegida por el Directorio cuenta con 41 avales, mientras que la no elegida cuenta con 50 avales. No se entiende por qué eligieron la terna con menos avales; esa razón no la sabemos porque no vimos la resolución”, explicó la letrada, añadiendo que “en todas las instituciones se vota, salvo que haya lista única, e incluso si hubiesen dado una razón, los matriculados tendrían derecho a impugnarla”.
Respecto al encuadre legal, López remarcó que la postura de la conducción actual se contrapone con la legislación vigente. “Es una resolución que está basada en un artículo viejo, un resabio de la Ley X N° 2 (Art. 31u), en el que ellos se amparan para elegir en forma directa. Pero en el año 2022 se modificó esta ley y se incorporó un artículo que indica explícitamente cómo se van a elegir los delegados, incorporando el voto. Las delegaciones no son simples gerenciamientos del Directorio”, enfatizó.
En ese marco, la abogada confirmó que además del amparo solicitaron una medida cautelar urgente para congelar las designaciones y evitar que se viole el principio de paridad de género.
Cuestionamientos internos e incompatibilidades
La controversia suma además otros cuestionamientos públicos realizados por la propia delegada saliente, Fernanda Felices, quien señaló irregularidades administrativas y de incompatibilidad en los cargos. Entre las objeciones planteadas, se advierte que no es posible ser integrante del Directorio y delegada de manera simultánea, dado que no consta de manera fehaciente que las autoridades en cuestión hayan presentado la renuncia previa al cuerpo directivo central.
Asimismo, se hizo mención a la exigencia prevista en el Reglamento Interno para que los subdelegados firmen un acuerdo de confidencialidad, medida sobre la cual la Dra. López aclaró que no han tenido acceso al texto formal del convenio. A estas críticas se sumó la advertencia formulada por Felices en sus redes sociales, instando a preservar la neutralidad institucional y evitar intromisiones de la política partidaria dentro del ámbito del Colegio Profesional.
Abajo el link de la nota. Arranca a partir del minuto 1:37:38.-
