Acompañado por un equipo técnico y enfocado en desarmar prejuicios, el letrado analiza los puntos más álgidos del expediente que sacudió a la región. Responsabilidades del Estado, la humanización de las mascotas, el cambio en la carátula y el trasfondo de extorsión.
El caso del bioquímico Battista trascendió los límites provinciales para instalarse en la agenda mediática nacional e internacional. Entre la condena social, la demonización pública y los vaivenes de una investigación judicial compleja, la causa dio un giro procesal clave. En diálogo exclusivo, el abogado defensor rompió el silencio sobre los momentos más tensos de la defensa, los cuestionamientos al rol del Estado, el debate por la escolaridad y las pruebas que derrumban los argumentos originales de la fiscalía.
“El defensor del monstruo”
Asumir la representación legal en una causa de esta magnitud no es sencillo, y las consecuencias públicas suelen golpear de inmediato. Sin embargo, la estrategia está clara y se sostiene en el rigor técnico.
“Me han sido dadas barbaridades: ‘Pero también hay gente que me mima'”, confiesa el letrado al inicio del encuentro. Lejos de amedrentarse por el impacto social del caso, sostiene una postura firme: “Estar caratulado como el defensor del monstruo de Battista no me afecta; lo haré de la mejor manera posible, exhibiré de mí la mejor preparación técnica que tengo y lo haré con la mejor expertiz“.
En esa línea, destaca el respaldo colectivo detrás de la estrategia judicial: “Estos días estuve asistido por personas de altísima capacidad técnica, además del imputado y de las personas que trabajan conmigo. Me guiaban y me decían por dónde tenía que ir. Detrás mío hay un montón de gente en esta causa”.
De la demonización al cambio de carátula
Uno de los ejes centrales planteados por la defensa es cómo el expediente judicial comenzó a despojarse de los rótulos mediáticos iniciales para encauzarse en los hechos concretos.
“La causa cambió procesalmente”, detalla el defensor. “De ser una persona cercada, demonizada, un monstruo, se lo imputaba por privación ilegítima de la libertad y abandono de persona”.
Asimismo, cuestionó los argumentos esgrimidos al momento de dictar la prisión preventiva: “Cuando se le impuso la medida se dijo que se podría fugar, que podría haber entorpecimiento, que además es peligroso y que no tiene arraigo en la zona”. Frente a esto, opone los resultados de la reciente actividad probatoria: “Ayer tuvimos una actividad probatoria donde se demostró que está establecido hace tiempo, que es un científico de mucha trayectoria, que trabaja, genera productos de medicina alternativa, y esto hace que esté en su domicilio. Faltan las pericias psicológicas a los chicos. En ese transitar estamos“.
Responsabilidades compartidas y el rol del Estado
El debate sobre la falta de escolaridad de los menores involucrados es otro de los puntos álgidos de la causa. Para el letrado, el análisis requiere despojar el tema de lecturas punitivistas y atender a los deberes que competen a los organismos públicos.
“Cada uno tiene su idiosincrasia, depende de la perspectiva”, reflexiona. En cuanto al marco legal, aclara: “La Ley de Educación exige que los niños y jóvenes estudien. La norma general 26.206 en ningún lugar pena con cárcel por incumplir. Dentro de la cascada estructural de las normas se derivan consecuencias de no hacerlo. La Provincia de Chubut, además de eso, tiene una reglamentación que dice que los chicos deben ir a la escuela”.
Para la defensa, la inacción estatal es evidente: “El Estado tiene el deber de instar a que los padres investiguen por qué no van a la escuela, pero la sanción es administrativa. En todo caso, si se sigue incumpliendo, el Estado puede pedir que el juez lo obligue, y si no cumple, recién ahí es un delito”.
En este sentido, apunta directamente a los antecedentes institucionales: “Hubo un informe en 2024: el Estado no actuó. Hubo una denuncia en 2022 y el Estado tampoco actuó. Hablamos de responsabilidades compartidas“. A esto suma un factor de extrema vulnerabilidad que habría sufrido su defendido: “Él se autoresguardó porque lo estaban extorsionando, lo golpearon en la vía pública, lo agredieron, le robaron el auto, entraron a su casa, le ponían municiones en el portón… Había vecinos que lo veían subir a un taxi para ir a la terminal. Yo me pregunto: ¿cómo sabían que iba a la terminal?”.
Los huesos, las mascotas y la construcción del “monstruo”
Otro de los elementos que alimentaron el sensacionalismo en torno al caso fue el hallazgo de restos óseos en una propiedad de Trevelin, un punto que la defensa desarticula apelando a los cambios culturales y familiares contemporáneos.
“Sobre los huesos encontrados en el patio, eso es en Trevelin. En esta humanización de las mascotas, muchas personas los tratan como hijos. ¿Qué autoridad tengo yo para decirle al otro que no es su hijo? Cuando los chicos mencionan que tenían un hermanito que era perro, es parte de su estructura familiar. Todas estas cuestiones fabrican al monstruo“, reflexiona con crudeza, interpelando los prejuicios sociales sobre los modos de vida privados: “¿Qué autoridad tengo yo para cuestionar el tipo de vida que debe llevar una persona?”.
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