La historia de la comunidad Nahuel Pan no puede comprenderse al margen del despojo, la contaminación y el abandono estatal. Durante un nuevo diálogo con Viviana Moreno, la referente reconstruyó el extenso camino de reclamos que los vecinos de la zona sostienen desde la histórica lucha del No a la Mina, un vínculo que cobró fuerza a través del testimonio de Felipe Suárez, uno de los pobladores más afectados por el deficiente funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos.
“Acompañamos este reclamo desde el momento en que entendimos que los estamos contaminando con nuestra propia basura”, enfatizó Moreno al recordar las denuncias iniciadas en 2009 por el impacto del plástico volador, la presencia comprobada de hidrocarburos en el agua y metales pesados como cobalto y níquel en el suelo.
Un vertedero fuera de control y promesas incumplidas
La gravedad de la situación socioambiental en Nahuel Pan llevó a los vecinos y asambleístas a tomar medidas de fuerza directas. “Fuimos a acompañarlos para que sean escuchados. Lo que han humillado a esta persona es terrible”, lamentó Moreno respecto a la situación de Suárez.
Aquel corte de ruta buscaba forzar la intervención de las autoridades provinciales y expuso fallas severas en la infraestructura pública: la bomba encargada de contener el lixiviado —el líquido contaminante resultante del lavado de residuos orgánicos e inorgánicos— llevaba tiempo sin operar, derivando los efluentes directamente hacia el territorio comunitario. Las consecuencias sobre la flora y la fauna local fueron desgarradoras: animales que morían tras ingerir microplásticos, ovejas con tumores y campos tapizados por residuos y colchones arrastrados por el viento.
Pese a que en su momento se concretó una reunión con el entonces ministro de Producción, Cavaco, y el secretario municipal Picco, las respuestas definitivas nunca llegaron. Aunque se comprometieron provisiones de emergencia y planes de limpieza que parecían inalcanzables, el conflicto persiste hasta el presente. Hoy la comunidad sigue enfrentando severas deficiencias en el abastecimiento de agua potable y graves problemas en la escuela local.
Un nuevo proyecto en territorio sensible: inconsistencias y violaciones normativas
En medio de este escenario crítico, la aprobación por parte del Concejo Deliberante de un nuevo proyecto ambiental impulsado por el Ejecutivo Municipal encendió nuevamente las alarmas. La iniciativa, evaluada por un órgano asesor designado por el intendente Taccetta, prevé la instalación de un complejo sobre un predio de 5.000 metros cuadrados lindero a Nahuel Pan.
El cuestionamiento central radica en la falta de rigurosidad en el análisis de la propuesta y en la omisión de las normativas vigentes:
- Primera etapa (Crematorio y patológicos): Aunque el crematorio en sí es considerado el aspecto menos riesgoso, la falta de precisión sobre el tratamiento de residuos patológicos genera profunda incertidumbre. “Los residuos patológicos tienen dos modalidades: el autoclave o la incineración. La incineración libera dioxinas demostradamente cancerígenas y está prohibida por ordenanza municipal en Esquel desde 2004”, recordó Moreno, rememorando el cierre del antiguo horno pirolítico del hospital local.
- Segunda etapa (Residuos peligrosos): El proyecto contempla el tratamiento de aceites usados de motor, altamente tóxicos por su concentración de metales pesados. Moreno advirtió que la normativa local —como la ordenanza aprobada en 2012— impide otorgar habilitación comercial a actividades contaminantes o de tratamiento de insumos peligrosos dentro del ejido municipal.
A esta serie de irregularidades técnicas y ambientales se le suma una grave vulneración de derechos humanos y ambientales garantizados por tratados internacionales: se ignoró la consulta previa, libre e informada estipulada en el Convenio 169 de la OIT y se omitieron las instancias de participación ciudadana exigidas por el Acuerdo de Escazú.
Tensiones en el recinto y la judicialización de las víctimas
Durante la sesión legislativa en la que se trató la ordenanza, los pedidos de la oposición para que el expediente regresara a comisión y se recopilaran más datos técnicos fueron desestimados. Tampoco se le permitió hacer uso de la palabra a la representante de la comunidad Nahuel Pan presente en el recinto.
“El destrato institucional y el incumplimiento de las normativas generó una enorme y lógica indignación entre los vecinos presentes”, explicó la referente. La comunidad percibe un sesgo discriminatorio en el accionar oficial: “Ellos consideran que si esto ocurriera en otro barrio de Esquel no sucedería, y que existe una situación clara de racismo hacia el pueblo originario.”
El conflicto escaló institucionalmente cuando cuatro de los concejales oficialistas presentaron una denuncia judicial declarándose víctimas, lo que derivó en órdenes de restricción de acercamiento contra los manifestantes. Para Moreno, la medida resulta inadmisible: “Terminaron judicializando a quienes son los verdaderos damnificados de esta historia de despojo.”
La amenaza sobre la Ley de Tierras y la soberanía del territorio
En el tramo final de la entrevista, Viviana Moreno abordó el debate en torno a la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011 para fijar un límite del 15% a la extranjerización de tierras rurales y proteger los recursos naturales estratégicos del país.
Tras la publicación del DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei —cuyo artículo 154 derogaba dicha norma—, se desencadenó un complejo escenario judicial:
- El recurso de los excombatientes: El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (CECIM) obtuvo un fallo favorable en la Justicia Federal de La Plata para frenar la derogación.
- El pronunciamiento de la Corte Suprema: A fines de septiembre, la Corte Suprema de Justicia revocó dicha medida argumentando una falta de “legitimidad procesal” de los veteranos, sin expedirse sobre la constitucionalidad del fondo del asunto, lo que reinstauró temporalmente la vigencia del DNU.
- Nuevos fallos en la región: Presentaciones similares impulsadas por la Asociación Árbol de Pie, comunidades indígenas y diversas entidades ante el Juzgado Federal de Bariloche lograron nuevamente cautelares que mantienen frenada la derogación.
Frente a esta oscilación jurídica y la pasividad de la Cámara de Diputados para rechazar definitivamente el decreto, Moreno enfatizó la necesidad de mantener la guardia alta: “Gran parte de lo que buscan los capitales extranjeros son zonas con agua dulce permanente y riqueza mineral. No podemos estar distraídos; la verdadera discusión debe seguir dándose en las calles.”
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